La Secretaría de Movilidad presentó ante el Concejo Metropolitano de
Quito un informe sobre las competencias en materia de tránsito, transporte
terrestre y seguridad vial. Allí se destacó que la acreditación de agentes
concluirá en septiembre de 2013 y que se mantienen vigentes los convenios con
las instituciones nacionales para la transferencia de recursos hasta que el
Municipio asuma la totalidad de competencias.
Se indicó también que en este año el estimado por matriculación y
multas será de 135 millones de dólares. De ese monto, a Quito le corresponde
32.5 millones de dólares cuando se asuma la competencia total.
Además, existe un monto de proyectos de inversión que antes
funcionaban como convenios con las entidades nacionales. Uno de esos convenios
firmados en el 2010 le entregaba a Quito 25 millones por la matriculación.
Ahora, de acuerdo al modelo de gestión de los municipios, si está en categoría
A o B se destina un porcentaje. A Quito le corresponden 18 millones de
dólares que es el 35% de los 50 millones destinados para proyectos de
inversión.
Un tema pendiente es el del control operativo que significa el 52% de
participación del recaudo de matriculación y multas asociadas. Una vez asumidas
las competencias se tendrá derecho a esos porcentajes. Por eso, la resolución
del Consejo Nacional de Competencias estableció que los convenios específicos
suscritos mantienen vigencia, en cuanto a la distribución de recursos, hasta
que se haga efectiva la transferencia total de competencias.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) tenía la posición de que una vez
que asuma la municipalidad la matriculación, el convenio de 25 millones
quedaba sin vigencia. Por eso la discusión es que se debe establecer un monto
o parte proporcional de esos recursos para cubrir los costos de
operación en que incurre el municipio, como es el caso del equipamiento de
los agentes, uniformes, operación y mantenimiento de la flota vehicular.
Entonces, la idea es que se haga un prorrateo mensual de esos 25 millones.
A esto se debe sumar 18 millones por participación en fondos de
inversión, más 32 millones de matriculación que representa un 48% del monto
total desde enero del 2013 y el 52% en total a partir del mes que se asuma la
totalidad de competencias. Por tanto, se logró establecer que el Consejo
Nacional de Competencias reconozca la vigencia del convenio suscrito en el 2010
hasta establecer el monto final que le corresponde al Municipio de Quito.
El alcalde Augusto Barrera dijo que la Comisión de Tránsito del Ecuador
(CTE) tiene su sede en Guayaquil y por tanto hay que definir si sus
autoridades se trasladan a Quito o si los agentes que deben ser acreditados
vayan hasta el Puerto Principal. Esto no es un tema menor. Ayer ya se
estableció un cronograma exacto de los procedimientos.
Los agentes podrán ser acreditados hasta agosto o septiembre y,
por supuesto, habrá los recursos necesarios para pagarles. Se requiere 1´200
.000 dólares mensuales para cubrir los componentes operativos. Se espera que 4
meses esté resuelto la acreditación de los agentes.
Páez indicó también que Quito comenzó a reclutar los agentes
civiles desde abril del 2011 y que a la fecha están listos 1300. A ellos se
suman el personal del mando y equipo técnico, lo que da un total de 1450
uniformados.
La Comisión de Tránsito del Ecuador será la encargada de acreditar
a los agentes y lo hará mediante una evaluación detallada para lograr un
reforzamiento en su formación de más o menos 80 horas. El proceso correría del
1 de junio hasta mediados de septiembre.
También se definirá si la Policía Nacional o la CTE serán los
encargados de mantener la oficina de investigación de accidentes de tránsito y
hasta qué punto puede actual el agente civil de tránsito. Igualmente,
entre junio y diciembre la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) cargará un nuevo
sistema informático en todo el país para evitar que se caiga el sistema de
matriculación.
Antecedentes
La competencia del transporte terrestre y tránsito no es nueva; ya se viene
ejecutando desde 1995 por decreto ejecutivo al instalar el proyecto Trolebús.
Entonces se entregó al municipio la potestad de planificar el transporte,
organizar, regular el tránsito a través de ordenanzas. Luego, la expedición de
la ley orgánica del Distrito lo ratificó y también lo hizo la Constitución.
Esto dejó dos temas pendientes: el control de tránsito y la matriculación,
además de problemáticas de coordinación con la Policía Nacional en el
control de tránsito, alejado de la planificación municipal. Finalmente nunca se
trasfirieron los recursos suficientes para enfrentar estos temas.
Por eso, en la actualidad se plantea la consolidación de una
autoridad municipal única; ello motivó que en junio del 2011 se hiciera el
pedido formal de transferencia competencias totales con el tratamiento
equitativo de recursos.
El Consejo Nacional de Competencias expidió la resolución 006 que
fue publicada el 29 de mayo del 2012 en el Registro Oficial 712. En
dicha resolución se establecieron 3 niveles de gestión de acuerdo a la
capacidad, tamaño y complejidad del municipio.
Competencias
Las competencias que se asumen son referidas a tránsito, administración
general, planificación, normativas, ordenanzas, control operativo,
infracciones, leyes vigentes y registro vehicular.
Dentro de ello está el trasporte público y comercial, que tiene que
ver con la planificación, regulación, normativa y control, fiscalización,
emisión de títulos habilitantes, permisos de operación y finalmente
seguridad vial. Esta última cobra vigencia a raíz de la nueva ley de
Tránsito en cuanto a planificación, regulación, ejercicio, control y campañas
de seguridad vial.
La institución policial está atada, en su parte operativa de
tránsito, a la ANT y, en cambio, la estructura administrativa, disciplinaria y
de sanción está bajo la égida del Ministerio del Interior y el mando de la
Policía Nacional.
Otra situación que se deberá analizar es el hecho de que la Policía
Metropolitana hace cumplir ordenanzas pero la ley de Tránsito sigue a cargo de la
Policía Nacional. Por tanto se espera superar estos problemas con la
unificación de la autoridad y la trasferencia de recursos.
Finalmente se expuso que el 22 abril el alcalde emitió la
resolución 006 que crea la Agencia Metropolitana de Control de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entidad con autonomía administrativa y
financiera.
Municipios
Quito está en la categoría A, junto a Guayaquil, Ibarra, Manta, Cuenca,
Loja y Ambato.
En la categoría B están los municipios medianos que asumen todas las
competencias, menos el control operativo de tránsito en la vía pública.
Los de categoría C son los municipios pequeños que no se les
incluye ni en el control ni en matriculación vehicular.
El burgomaestre manifestó que la realidad de cada unió de los municipios
del grupo A es diferente. En Guayaquil, por ejemplo, crearán una empresa de
movilidad con agentes privados. La empresa la conforman fundaciones privadas y
en ella no interviene el concejo municipal.
Cuenca se amparó en la CTE para constituir y formar los 200
agentes para atender 60.000 vehículos. Ibarra no avanza en el tema. Además no
se ha determinado hasta dónde actúa el agente de tránsito, si hay delitos
o víctimas
Ingresos
Provienen de las habilitaciones operacionales que se otorga al
transporte público y comercial que ya estaba a cargo del municipio.
También se extraen de infracciones de ordenanzas metropolitana: pico y
placa, mal estacionados, etc; infracciones de ley de Tránsito
que recaudaba el Gobierno Nacional y que pasarán a recaudarlos el municipio; el
impuesto al rodaje; y la participación en el recaudo por
matriculación y multas asociadas, en donde el 23.69% pasará al municipio,
en relación al parque automotor nacional y el parque existente en la capital.
El alcalde Barrera explicó que el porcentaje debe ser territorial, es
decir, en Quito se matriculan 380.000 vehículos, pero circulan 70.000 carros de
otros cantones, dando un total de 450.000 vehículos. Por eso se debe ver
un mecanismo para acoger todos esos vehículos porque esto presentaría más
ingresos para la ciudad, sin perjuicio de la solidaridad con otros cantones.
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