Este jueves 02 de mayo se reunió el
Consejo Nacional de Competencias para analizar la transferencia de competencias
en el Distrito Metropolitano de Quito. Al culminar la reunión el organismo
resolvió ampliar el plazo para culminar la transferencia de la competencia del
tránsito al Municipio de Quito, a 12 meses más así como crear un cronograma
conjunto para la acreditación de los 1450 agentes civiles.
La reunión se efectuó en las
instalaciones de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES). Allí, por unanimidad se aprobaron dos resoluciones: la
primera ampliar la implementación operativa a 12 meses y la segunda constituir
un cronograma conjunto para la acreditación de los agentes de tránsito, según
informó el alcalde de Quito, Augusto Barrera.
El lunes 6 de mayo se conformará una
comisión para ajustar los valores y la respectiva transferencia, y el martes 7
de mayo se estructurará el cronograma de acreditación, en una reunión que se
realizará en Guayaquil, sede principal de la Comisión de Tránsito.
Además, se mantendrán reuniones con
el Ministerio del Interior y el mando de la Policía Nacional, para
establecer el cronograma de transferencia, de manera que este proceso se
ejecute de forma ordenada y planificada, sin causar inconvenientes a la ciudad.
Respecto al sistema informático, se
estableció que de junio a diciembre de este año mejorará su funcionamiento.
Esto tendrá seguimiento en las próximas reuniones del Consejo de Competencias.
Las resoluciones del Consejo Nacional de Competencias son de carácter
obligatorio para todas las instituciones involucradas.
Tras la reunión, el alcalde Barrera
aclaró que el objetivo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es
mejorar las condiciones de vida de la gente; por eso le apuesta a la seguridad
vial. “No es un problema de recursos o asumir la carga burocrática sino de
calidad de vida”, dijo.
Otro componente en el que se
trabajará fuertemente es el de la tecnología. En ese marco, se registrarán las
contravenciones en mecanismos electrónicos. En la actualidad las
contravenciones se miden según la discrecionalidad de la gente. Se
planteará una reforma para endurecer las penas e incluso incorporarlas al
ámbito penal.
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